En líneas generales, según criterio personal,
toda Ley promulgada es realmente validada por los mismos habitantes de una
nación. Su cumplimiento depende del nivel de conciencia de cada ciudadano. En
el caso de la LOPCYMAT hay dos polos opuestos: el empleador y el empleado. Las
condiciones económicas por las cuales ha venido atravesando la nación
venezolana dejan mucho que desear respecto del cumplimiento de este conjunto de
normas dado que las empresas han visto aminorados sus recursos por la
hiperinflación vivida.
En tal sentido, existe un panorama
lleno de incertidumbres que no favorece el cabal desenvolvimiento de las
relaciones laborales y por ende, del cumplimiento de las leyes establecidas en
las que el trabajador no recibe totalmente los beneficios indicados según el
derecho del trabajo.
Para explicar y justificar la opinión expuesta, se plantea una interrogante con respecto a la situación diaria que sostienen los pensionados de Venezuela. ¿Es justo que aquellas personas jubiladas que trabajaron durante 25 años o más, hoy día solo reciban un salario base de siete (7) millones de bolívares?
En esta misma línea de ideas, se plantea otro
hecho real. La trabajadora residencial de equis urbanización recibió setenta y
dos (72) dólares al cambio como valor de sus prestaciones sociales esto
motivado a los cambios en las normativas referidas a esta temática así como a
la abrumadora devaluación ocurrida de manera reiterada en Venezuela. Vale la
pena reflexionar lo siguiente: ¿Para qué se trabaja durante tantos años si la
tercera edad no es un período de paz y tranquilidad en el cual haya una
excelente calidad de vida?
De igual manera, si
se analiza la situación de otros sectores de la vida económica y social del país como el de la
salud y la educación por considerarse como parte de los más afectados, es posible
identificar las carencias que padecen los trabajadores respecto a insumos,
servicios, seguridad industrial, elementos de protección personal, la exposición
a los diferentes factores de riesgo que ponen en peligro su integridad y la falta
de orientación en materia de prevención de accidentes y/o enfermedades
relacionadas al ámbito laboral. Por esta situación los trabajadores se han
visto totalmente afectados en el correcto
desempeño de sus funciones, pero a la vez ha deteriorado su calidad de vida
como ciudadanos.
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